Juan Antonio Hurtado Martínez
Mediante la modificación legislativa, operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal, se llevó a cabo una reforma que, con la intención declarada de homogeneizar los medios y procedimientos probatorios en los diferentes órdenes jurisdiccionales, estableció la aplicación general en el proceso contencioso-administrativo de los principios generales de la prueba del procedimiento civil contemplados en la LEC. La práctica ha puesto de manifiesto ciertas disfunciones que en algunos medios, como el Dictamen de Peritos, son especialmente reseñables.