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Joan David Janer Torrens 
La entrada en vigor del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, ha supuesto una novedad importante desde la perspectiva de la garantía del cumplimiento del DUE en España al arbitrarse un mecanismo que permite que las sanciones pecuniarias que se impongan al Estado por una infracción del DUE sean posteriormente repercutidas sobre la adminstración o entes autores de dicho incumplimiento. El objetivo de este artículo es analizar, teniendo en cuenta los antecedentes sectoriales existentes en la legislación española desde 1995 y el nuevo marco derivado de los apartados dos y tres del artículo 260 del TFUE, el contenido del Real Decreto 515/2013 sobre la base del contexto en que se adopta dicha disposición.
