En el presente estudio, ante el fenómeno de la pobreza infantil derivado de la deficiente gestión pública de la crisis económica en España, en la que desgraciadamente es pionera, el autor realiza unas reflexiones sobre la protección penal de los menores, desde la perspectiva de las actuaciones del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta los marcos jurídicos nacional e internacional y el carácter interdisciplinar que conlleva esta actividad tuitiva, lo que obliga a ofrecer una protección integral del menor. Se considera a la infancia como un bien jurídico protegido constitucionalizado.