El presente trabajo focaliza su atención en las disfunciones detectadas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español al aplicar el principio de accesoriedad limitada en la participación para fundamentar el castigo de los partícipes. Concretamente, se cuestiona la construcción de la antijuridicidad penal que efectúa nuestro Alto Tribunal respecto del hecho del autor principal.