Acceso usuarios
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva 
La aprobación de la Ley 19/2014, de Transparencia, acceso a la infor-mación pública y buen gobierno debe iniciar un cambio profundo en la forma como los ciudadanos obtienen información de los poderes públi-cos, administraciones, entidades con funciones públicas, empresas y fundaciones públicas, así como con partidos políticos, y empresas con financiación pública.
La entrada en vigor escalonada exige una labor de preparación de los archivos y registros, de formación de los servidores públicos, de puesta en marcha de servicios de información, portales de transparencia y de promoción del derecho a acceder a la información pública.
La Ley de Transparencia española tiene graves carencias y contradic-ciones, con dificultades para encajar en el marco normativo interna-cional, así lo ha señalado la mayoría de la doctrina española. Pese a ello, es una oportunidad para que los ciudadanos conozcan que información se encuentra al otro lado de la ventanilla oficial. El resultado final dependerá de cómo se ponga en funcionamiento.
