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Demetrios Papademetriou
El aumento de la población latina en EE UU y su gran apoyo al Partido Demócrata han situado la inmigración a la cabeza de la agenda política. Sin embargo, en el Congreso está atascada una legislación que no responde ni a los valores del país ni a sus intereses económicos.
Una vez más, el esfuerzo por resolver el estatus de la inmensa población ilegal de Estados Unidos y reformar el anticuado sistema migratorio ha flaqueado. Abundan los dedos acusadores y las recriminaciones. Con una proposición de ley bipartidista aprobada en junio de 2013 por un Senado controlado por los demócratas, la presión sobre los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, y sobre el presidente Barack Obama, es inmensa. Si bien el desenlace es incierto, hay una cosa clara: para empezar a recomponer el fracturado sistema migratorio estadounidense, los legisladores deben guiarse tanto por los valores más elevados del país como por sus necesidades económicas. También deben reconocer que dichas necesidades evolucionarán con el tiempo, y que la política migratoria debe evolucionar con ellas.
Un legado de (principalmente) fracasos Con casi 42 millones de habitantes nacidos fuera del país, incluidos los aproximadamente 12 millones de residentes ilegales, EE UU no solo es el mayor receptor de inmigrantes del mundo, sino que es más grande que los cuatro siguientes receptores juntos. Puesto que la inmigración es una cuestión de ingeniería social, la habilidad con que se desenvuelva el país en este terreno tendrá profundas repercusiones para la sociedad, ya que las consecuencias de la inmigración abarcan desde la educación y la asistencia sanitaria hasta la fuerza y legislación laborales, pasando por el crecimiento económico y la competitividad, sin olvidar las relaciones exteriores (en particular con la región de Norteamérica). Y, lo más importante, la forma en que el país trata a sus inmigrantes constituye una poderosa declaración ante el mundo de los valores y los principios en los que se asienta.
