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En materia de corporate compliance, surge la necesidad de evitar los conflictos de interés, que invaliden la eficacia operativa y legal de los planes de prevención del riesgo penal. Esta necesidad se concreta en dos aspectos: la objetividad al elaborar el mapa de riesgos penales, que ha de servir de base al plan de medidas de prevención, y la imparcialidad e independencia del órgano de control, que supervisará la implementación del mismo. Por ello, deberán adoptarse mecanismos que eliminen los citados conflictos y garanticen la bondad del plan y su utilidad y vigencia posteriores.
