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José Luis Rodríguez Lainz
La STJUE, Gran Sala, de 8 de abril de 2014 (casos C-293/2012 y C-594/2012) ha declarado ilegal la Directiva sobre conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas. Tal declaración representa un gran reto jurídico a la hora de determinar las consecuencias directas derivadas de la posible irradiación de tal declaración a la ley nacional (Ley 25/2007). El trabajo se centra en negar tal relación de interdependencia, a la vez que en mostrar cómo la legislación española sí podría permitir la superación del juicio de necesidad/proporcionalidad, con una interpretación especialmente restrictiva de sus preceptos, especialmente en su aplicación cotidiana por los órganos judiciales.
