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Uno de los objetivos de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es la clarificación de las competencias locales, constituye quizás el aspecto más relevante de la Ley ya que plasma el objetivo de implantar en nuestro ordenamiento jurídico el principio de «una administración una competencia». Sin embargo esta clarificación aún no se ha producido ya que las Comunidades Autónomas han planteado que la determinación de las competencias propias corresponde a las mismas conforme a sus Estatutos de Autonomía y muchos ayuntamientos reclaman seguir con un modelo abierto que, de entenderse vigente, dejaría sin sentido la reforma.
