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Frente al tradicional ofrecimiento de acciones, que ha sido la forma más común que ha tenido la víctima de comparecer en el proceso penal, los nuevos instrumentos normativos contemplados en leyes extraprocesales, y los que se proyectan para su aprobación en leyes futuras, otorgan a la víctima, un catálogo de derechos sistematizados e integrados que son de obligado cumplimiento desde las primeras actuaciones. No sólo vienen a reconocer las características especiales individuales y de vulnerabilidad que concurren en muchas de ellas, o las situaciones de peligro en que se encuentran, adaptando los trámites procesales y diligencias a dichas circunstancias, sino que vienen a conceder derechos en la parte más controvertida del proceso como es la ejecución de la pena.
