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Juan Carlos E. Vargas A., Eduardo Rodríguez-Weil
En el transcurso del año 2010, ochenta y cinco ex empleados locales que prestaban servicios a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), demandaron a este organismo en los tribunales laborales venezolanos a fines de reclamar sus prestaciones sociales, y a pesar que inicialmente los tribunales nacionales conocieron la demanda y sentenciaron a su favor, al día de hoy no han podido percibir sus prestaciones debido que al momento de ejecutar la demanda, la FAO invocó inmunidad de ejecución y ésta fue reconocida por los tribunales.
Las organizaciones internacionales al igual que los Estados, gozan de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero a diferencia de estos, la misma se fundamenta en su necesidad de actuar con independencia para desarrollar sus funciones (necesidad funcional) y no en criterios de soberanía, y al igual que sucedió con la inmunidad reconocida a los Estados, en la práctica se fue limitando su alcance, al punto de que hoy en día no se reconoce una inmunidad absoluta.
En el caso de los Estados, suele admitirse la inmunidad sólo cuando estos realizan actos en ejercicio de su soberanía, lo que se conoce como inmunidad restringida. Por su parte, en cuanto a las organizaciones internacionales, se considera que si bien en principio todos los actos que ellas realizan gozan de inmunidad por cuanto sólo pueden realizar actos en ejercicio de su competencia, en la práctica se ha ido imponiendo la tendencia de no reconocer la inmunidad cuando al hacerlo se violen derechos humanos, particularmente, el acceso a la justicia.
En consecuencia, las organizaciones internacionales deben ofrecer un sistema interno de solución de disputas para garantizar el derecho al acceso a la justicia de su personal, como requisito para que los tribunales nacionales le reconozcan la inmunidad de jurisdicción y la de ejecución. Precisamente este es el criterio que debieron aplicar los tribunales venezolanos en el caso de los ex empleados de la FAO.
During the year 2010, eighty-five former local employees, who have been providing services to the United Nations Organization for Food and Agriculture (FAO), a specialized agency of the United Nations (UN), started a lawsuit against the agency before Venezuelan labor tribunals in order to claim their benefits. Although the national tribunals initially decided in their favor, until today the former local employees have not been able to obtain a payment of their benefits because when running the request, the FAO invoked immunity from execution and this was accepted by the local tribunals.
International organizations like states, enjoy immunity from jurisdiction and execution, but unlike them, it is based on the need to act independently to perform its functions (functional necessity) and not on criteria of sovereignty. In addition, the immunity of states, in practice, is limited in scope, to the point that today it is not recognized as absolute immunity.
In the case of states, it is generally recognized that they have immunity only when they are performing acts in the exercise of their sovereignty, which is known as restricted immunity. In contrast, international organizations have absolute immunities for all actions because they can only perform acts in the exercise of its jurisdiction. In practice, their immunity has recently been restricted by some tribunals when it violates human rights, particularly the access to justice.
Consequently, international organizations need to provide an internal dispute resolution to ensure the right of access to justice for its staff, as a requirement for national courts to recognize the immunity from jurisdiction and execution. This is precisely the approach that the Venezuelan courts should apply in the case of former employees of the FAO.
