Acceso usuarios
Amalia Uriondo de Martinoli
La difamación a través de Internet enfrenta derechos fundamentales, como la libertad de expresión, que comprende la de buscar y difundir información, y los derechos personalísimos, como la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas, que cuentan con una cobertura constitucional. El régimen argentino no cuenta aun con normas de fuente convencional ni interna que regulen específicamente la responsabilidad de los proveedores de servicios, por infracciones a los derechos personalísimos en el entorno digital.
Claramente, el debate es mucho más complejo cuando sobreviene la disociación geográfica de los elementos del acto ilícito y se intenta aplicar normas territoriales a la realidad global que plantea la web. Se abre entonces, el desafío de resolver dos cuestiones esenciales: por una parte, qué jurisdicción es la competente para conocer del caso; por otra, qué legislación es de aplicación. No obstante, la respuesta a estos interrogantes no siempre es fácil.
La dificultad de localizar un concreto acto ilícito en el mundo virtual propicia que, en el ámbito de las obligaciones extracontractuales, las expectativas de los partícipes se orienten hacia varios ordenamientos, lo que determina que el criterio clásico o tradicional del loci delicti commissi, resulte de difícil aplicación. El impacto de las nuevas tecnologías de comunicación y, en particular, Internet, conlleva la necesidad de intensificar la búsqueda de factores de conexión más apropiados para brindar seguridad jurídica, previsibilidad y confianza, a quienes operen en el sistema.
The defamation through the Internet facing fundamental rights, such as freedom of expression, including to seek and disseminate information, and personal rights, such as privacy, honor and self-image of the people, who have constitutional coverage . The Argentine regime has not yet conventional standards or internal source that specifically regulates the responsibility of service providers for violations of personal rights in the digital environment.
Clearly, the debate is much more complex when occurs the geographical dissociation of the elements of the illegal act and attempting to apply territorial norms to the global reality that posed the web. The challenge is to solve two key issues: first, which jurisdiction is competent to decide the case; the other, which law is applicable. But the answer to these questions is not always easy.
The difficulty of locating a specific unlawful act in the virtual world means that, in the field of extra- contractual obligations, the expectations of the participants are directed to several orders, which determines the classical or traditional approach of loci delicti commissi, it of difficult application. The impact of new communication technologies, especially the Internet, carries with it the need to intensify the search for factors more appropriate of connection to provide legal certainty, predictability and trust, which operate in the system.
