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Los Ayuntamientos que nacen con la Constitución Española de 1978 han desarrollado políticas públicas y servicios desde la cercanía, fortaleciendo así la democracia y el Estado de Bienestar en su necesaria vertiente de contribuir a la equidad territorial. La nueva Ley de la Administración Local aprobada por el Partido Popular, gracias a su mayoría absoluta, termina con el anterior modelo y convierte a los Ayuntamientos en Administraciones subordinadas, haciéndoles perder el carácter de Administración territorial con autonomía y gobierno. A partir de ahora, los Ayuntamientos tendrán un marco competencial mermado y subordinado a otras Administraciones, y sin ningún pudor democrático se les obligará a dejar de prestar los servicios públicos esenciales que prestaban hasta ahora.
