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La reforma local impuesta por el Partido Popular se escuda en el mensaje economicista del ahorro cuando sus verdaderas intenciones son restar poder constitucional a los ayuntamientos y suprimir servicios públicos. Esta ley atenta contra la autonomía local, cercena los principios democráticos de una gestión cercana a la ciudadanía y suprime los procesos de participación ciudadana. La contrarreforma local de Partido Popular no aborda el problema endémico de la financiación local, ni tiene en cuenta principios redistributivos y de fiscalidad que propicien el equilibrio territorial y los servicios esenciales a los ciudadanos.
