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La democracia local tiene que dar respuesta a la complejidad actual de la organización social de las grandes ciudades. Es necesario diseñar una Administración local capaz, autónoma y con competencias suficientes para atender la complejidad creciente de las grandes ciudades del siglo XXI. La Ley de Reforma Local del Gobierno del Partido Popular no cubre estas necesidades, sino que, por el contrario, cuestiona la autonomía municipal que pasa a ser transferida a Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno central.
