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Concepción Albarrán Fernández 
, Francisco Salinas Ramos , Javier Jorge-Vázquez
En las últimas décadas, la configuración del denominado “Estado de bienestar” y su sostenimiento financiero se ha constituido en un factor común de preocupación para el conjunto de la sociedad. Más aún, la recesión económica y el obligado esfuerzo de consolidación fiscal impuesto a las Administraciones Públicas, ha puesto de manifiesto la fragilidad del actual sistema de protección social, especialmente ante la persistencia de escenarios económicos desfavorables. Simultáneamente, la proliferación de nuevas necesidades sociales y el surgimiento de factores propulsores de demanda (envejecimiento, inmigración, desempleo, globalización etc.), han desbordado la capacidad del Sector Público para atender las demandas sociales presentes y futuras. En este contexto, resulta inevitable la regeneración del actual modelo de bienestar social hacia un modelo mixto que, sobre la base de la recuperación de una mayor participación e implicación de la sociedad civil en la atención de las necesidades sociales, permita asegurar los mayores niveles de bienestar.
