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Puede presumirse fundadamente que, al menos en una parte sustancial, la adaptación a las garantías exigidas por la normativa comunitaria en orden a la tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos del sector público, esto es, el proceso de trasposición en España de las denominadas Directivas de «recursos» se hubiera desarrollado de una manera muy distinta -más ajustada en contenidos y, desde luego, mucho menos accidentada en su ejecución- de haber acogido nuestro derecho positivo, interiorizándolas, las tesis sostenidas por el profesor BOQUERA.
