Acceso usuarios
Después de más de diez años de exigencia de clasificación a las empresas españolas para contratar servicios con las Administraciones Públicas, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ha puesto fin a ésta discriminación, en relación con las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, que estaban exentas de tal requisito.
