Desde el año 2000 los operadores de telefonía móvil (Telefónica Móviles España, Vodafone España y France Telecom España, entre otros) han sido objeto de distintos gravámenes tributarios por diversas Administraciones Locales, dando lugar a una batalla sin tregua que ha generado a dichas compañías una contingencia fiscal muy importante así como un elevadísimo número de expedientes administrativos, recursos, reclamaciones económico administrativas, recursos contencioso-administrativos y procedimientos comunitarios.