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La «querulancia» de no pocos abogados y de algunos miembros del MF, genera un exceso de litigiosidad que obliga a los juzgados y tribunales de lo penal a realizar una gran cantidad de trabajo inútil, generador de una permanente y grave «malversación» de fondos públicos en el sentido etimológico de la expresión, fondos provenientes de los tributos que pagan todos los ciudadanos. Este despilfarro de dinero público sólo puede corregirse mutando los vigentes criterios reguladores de la condena en costas en el proceso penal y extendiendo la responsabilidad patrimonial del Estado-Juez al «germánico modo»: indemnizando a los imputados o acusados por el MF que resulten finalmente absueltos o sobreseídos.
