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Amelia Pascual Medrano 
En el marco de la grave crisis económica que vivimos y que prácticamente monopoliza la actividad política y normativa, los recortes o restricciones que vienen sufriendo los principales servicios públicos de competencia autonómica han venido acompañados también de importantes recortes a nivel institucional. Un buen ejemplo de ello lo ofrece la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual en 2012 ha extinguido organismos públicos, ha suspendido el funcionamiento del Consejo Económico y Social, ha reformado la Ley del Defensor del Pueblo en un sentido restrictivo y ha debatido, incluso, la posibilidad de reducir la representación parlamentaria autonómica.
