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En las sentencias Federutility y ENEL Produzione, el TJUE ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de las obligaciones de servicio público en el sector energético. En estas sentencias, el Tribunal de Justicia ha reconocido que la liberalización del sector energético debe necesariamente conciliarse con objetivos de interés social, por lo que los Estados están facultados para imponer obligaciones de servicio público en aras del interés económico general. Estas obligaciones podrán en determinadas circunstancias materializarse en intervenciones que persigan la racionalización de los precios sustrayéndolos del libre juego de la oferta y la demanda y estarán sometidas a estrictos límites objetivos
