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Se analiza en el presente trabajo la colisión que la protección del derecho de propiedad puede generar entre los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo como consecuencia de la responsabilidad derivada de la privación de derechos al margen del procedimiento expropiatorio, y que aunque era una cuestión pacífica y resuelta tras la consagración del principio de "unidad de fuero" que establecía como sede jurisdiccional más apropiada para conocer tales asuntos la jurisdicción contenciosa, una Sentencia reciente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo viene a perturbar y a cuestionar tal construcción jurídica.
