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José Becerra Muñoz 
Este trabajo pretende exponer de manera sucinta los rasgos más señalados de un problema crucial para el Derecho penal actual como es la mejora en los procesos de creación legislativa, así como una propuesta para su abordaje desde nuestros poderes ejecutivo y legislativo. La materia se aborda desde una perspectiva interdisciplinar para así estudiar desde diferentes perspectivas el entramado institucional y político que sostiene una técnica legislativa para la que la calidad no es un objetivo esencial. Sobre esta premisa se pretenden sentar las bases de un nuevo modelo de toma de decisiones en materia político-criminal. Este modelo integra a su vez modelos parciales de toma de decisiones ya existentes en la actualidad: el primero de ellos funde las aportaciones de la teoría de la organización, la ciencia de la administración y el análisis de políticas públicas; el segundo es el modelo de proceso legislativo dividido en fases actualmente vigente, al que se incorpora información sobre la elaboración de normas penales, tanto en su fase gubernamental como parlamentaria, en Alemania, España, Francia, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido; y el tercero es el modelo de racionalidad legislativa penal, recientemente descrito por la doctrina, que utiliza cinco niveles de racionalidad:
ético, teleológico, pragmático, jurídico-formal y lingüístico.
This work intends to present briefly the most important aspects of a crucial problem for current Criminal Law which is the improvement of law-making processes, as well as a proposal for its consideration from our Executive and Legislative powers. The subject is approached from a interdisciplinary approach to analyse from different perspectives the institutional and political structure that sustains a drafting technique to which quality is not an essential goal. On this premise I pretend to set the basis of a criminal policy decision making new model. Such model integrates several partial models of decisionmaking currently existing: the first of them combines contributions from organizational theory, public administration and public policy analysis; the second one is the current legislative process formed by successive stages, to which information about criminal legislation production in several countries is added (regarding both governmental and parliamentary phases in France, Germany, Italy, Spain, the United Kingdom and the United States); and the third is the criminal legislative decisions model of rationality, recently described, which uses five levels of rationality: ethic, teleological, pragmatic, formal and linguistic
