Begoña Montoro de Zulueta
Si bien, desde hace décadas varios foros internacionales UE, G20, OCDE han ejercido una fuerte presión para que Suiza abandonara su tradicional secreto bancario, no será sino Estados Unidos quien finalmente haga claudicar al Gobierno helvético.
Cuando a raíz de la crisis de las hipotecas subprime , el Gobierno estadounidense inicia una campaña de persecución contra el fraude fiscal, varios bancos suizos emblemáticos, como la UBS y el Crédit Suisse, se colocan en el punto de mira. Los tribunales norteamericanos demandan a las entidades bancarias suizas por presunta colaboración y Washington aprueba la ley FATCA, responsabilizando a entidades financieras internacionales de posibles actividades de fraude/evasión fiscal. Los bancos suizos se enfrentan así a importantes multas a pagar al fisco de EEUU y a la posibilidad de ser «expulsados » del mercado financiero estadounidense, si no cumplen la normativa FATCA. El Gobierno suizo, por su parte, se encuentra en la disyuntiva de, por una parte, tener que defender los intereses de sus plazas financieras Ginebra y Zurich y por otra, la necesidad de respetar el secreto bancario, que prohíbe revelar la identidad de los tenedores de activos financieros. Esta disputa fiscal, tras años de dura negociación, se resuelve en el verano de 2013 con dos acuerdos alcanzados entre Suiza y Estados Unidos. El primero para regularizar la situación de los bancos suizos, acusados de colaborar, por la Administración de EEUU, para eludir las responsabilidades tributarias desde 2008 y el segundo para evitar semejante situación en el futuro. Ambos acuerdos representan un éxito para los dos países: Suiza ha demostrado con ello su capacidad de adaptación a un entorno financiero internacional radicalmente diferente y EEUU por haber logrado imponer unilateralmente su normativa interna al resto del mundo. Con ello, la UE dispone de nuevos elementos para continuar presionando a Suiza a favor del intercambio automático de información tributaria.