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Aquilino Yáñez de Andrés
En la práctica, la policía gubernativa se convertiría en juez y parte por obra de la reforma prevista en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, con cierto resultado sancionador del ciudadano, que tendrá después que acudir a un proceso contencioso, que en principio no paraliza la eficacia de la sanción impuesta, de larga duración y enorme coste, para tratar de dejar sin efecto las pruebas preconstituidas en su contra por los policías denunciantes.
