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La entrada en vigor de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (de protección y apoyo a las víctimas de delitos) viene a establecer unas normas mínimas que deben cumplir los Estados miembros para dotar a la víctima del protagonismo necesario tanto dentro como fuera del proceso penal, incluida las víctimas por motivos de género. El presente estudio pretende realizar un análisis de nuestra normativa interna para determinar si la misma cumple los parámetros fijados por la norma europea en orden a la protección y apoyo de las víctimas de violencia de género, aludiendo a aquellas novedades que ha supuesto la citada Directiva y que reflejo debe tener en nuestro ordenamiento interno.
