El presente artículo pretende analizar el marco jurídico constitucional resultante tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Foral Navarra para la igualdad jurídica de las parejas estables (Ley Foral 6/2000, de 3 de julio), y su afección a la normativa autonómica de desarrollo de las parejas o uniones de hecho en España, especialmente a la normativa aragonesa, catalana y navarra, realizando un análisis crítico al pronunciamiento constitucional.