La liberalización de un tradicional monopolio natural como el transporte por ferrocarril ha implicado la separación de la gestión de la red y la operación del servicio. Con esta separación, se logra introducir competencia en el transporte, Pero todo ello pasa necesariamente por la independencia del administrador de la infraestructura. Hay que lograr un acceso igual, no discriminatorio y justo para cualquier operador. De este modo, la clave de la liberalización pasa a ser la independencia del adjudicador de la capacidad de la red y la fijación del importe del canon de utilización.
Los Estados miembros todavía presentan muchas reticencias y deficiencias en este nuevo modelo administrativo y el TJUE ha examinado recientemente varios casos significativos. De las senteucias se pueden extraer algunas lecciones comunes.