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María Cacharro López
La regulación constituye un valioso instrumento para desarrollar políticas. Sin embargo, algunas normas pueden resultar injustificadamente costosas desde el punto de vista de ciudadanos y empresas. Las encuestas muestran que unos y otras tienden a asociar la burocracia a ámbitos de la legislación atribuidos principalmente al nivel local de gobierno, tales como las licencias de obra y de actividad. Por tanto, debe prestarse especial atención a los costes y cargas administrativas (posibles o reales) que derivan de la normativa local. A nivel de la OCDE y la UE se ha desarrollado una metodología para ello. En España, las buenas prácticas han comenzado ya a mostrar resultados.
