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El presente artículo aborda la problemática que continúa conllevando en la investigación procesal penal la transposición de la Directiva 2006/24/CE al ordenamiento interno español, a través de la Ley 25/2007, bloqueando todo intento de persecución penal, en cuanto ésta incida, aún de modo tangencial, en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y se trate de delitos de pena igual o inferior a 5 años. Se contradice así, la jurisprudencia sentada en la materia por el TC y TS, impidiendo vías necesarias de investigación, en delitos sujetos a dicho marco punitivo, que como se advierte en la práctica, son la mayoría.
