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Joaquim Bosch
El Parlamento ha aprobado la reforma del CGPJ impulsada por el Gobierno. Dicha reforma supone la subordinación de la judicatura al poder político. Ello supone un ataque a la independencia judicial y al principio de división de poderes en un Estado de Derecho. Además, dicha modificación legal ha contado con la oposición de todos los sectores judiciales y de todos los grupos parlamentarios de la oposición. Resulta muy censurable que el Gobierno haya sido incapaz de alcanzar un amplio pacto de Estado en una cuestión que afecta a una de nuestras instituciones fundamentales.
