La tradición urbanística española, como se constata por el legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, se ha centrado más en la producción o construcción de nuevas edificaciones, que en potenciar políticas de rehabilitación, regeneración y renovación del tejido urbano, con las que posibilitar una mayor calidad de vida de quienes habitan núcleos urbanos.