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Se pretende examinar la manera en que la política pública se ha adaptado a la crisis económica que inició en 2007 en Canadá, haciendo especial hincapié en las normas de déficit y en el uso de éste en un estado federal como el canadiense. En definitiva se comprueba que los gobiernos provinciales y el federal de Canadá se encuentran en una posición económica razonablemente sólida en ausencia de normas supranacionales (del tipo de Maastricht) en el NAFTA o de límites constitucionales sobre la deuda y el déficit y en presencia de restricciones legales sobre la deuda y el déficit a escala provincial. Lo que parece importar es un consenso político sobre el hecho de que no se debe gastar razonablemente más de lo que se ingresa. Este consenso político surgió tras la alarma financiera de mediados de los noventa que llevó al gobierno federal tanto a recortar el gasto como a aumentar los impuestos en su presupuesto de 1995.
