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La Constitución española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda, pero su redacción no deja ninguna duda acerca de referirse exclusivamente a los españoles. Los extranjeros se rigen por su cuerpo específico de normas, básicamente el art. 13 de la Ley de extranjería. Los Ministerios de Interior, de Relaciones Exteriores y Empleo están trabajando en una iniciativa polémica: La concesión de residencia a los extranjeros que adquieran vivienda en España, dándoles una autorización de residencia por dos años renovables. El enlazar las autorizaciones de residencia a la oferta y la demanda de inmuebles parece ser una operación cuestionable, sin embargo es bien sabido que el sector inmobiliario en España está en hibernación, el stock de viviendas a la venta es enorme y no parece haber salidas para activar las ventas. Por lo tanto, es una medida que intenta aliviar la situación.
