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Vanesa Eugenia Gil Rodríguez de Clara
La vida es inherente al ser humano, susceptible de protección por la ley, y su reconocimiento como un derecho fundamental se hace en la Constitución Española de 1978. Sin embargo, en realidad la situación jurídica de la vida como un derecho depende de la autonomía de cada persona, en particular sobre la capacidad jurídica del sujeto para la defensa de sus propios derechos. Es decir, en la etapa de mayor autonomía, sobre todo en la edad adulta y antes de la pérdida de capacidad debido a la vejez, la protección del derecho a la vida en sus múltiples formas se extiende a los extremos casi absurdos, mientras se desvanece o desaparece en la ausencia de autonomía, es decir, cuando el hombre pierde o carece de autonomía al principio y al final de la vida. En este sentido, el derecho a decidir sobre su propia salud ha cobrado fuerza en nuestra sociedad y esta protección de la salud ha permitido que se erige, en la actualidad, como un derecho, en virtud del cual subordinar sus manifestaciones más relevantes: salud de la madre, del niño, del adolescente, mujeres, salud sexual y la salud reproductiva.
