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Irene Sobrino Guijarro 
El 20 de abril de 2012 se aprobaba una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud en España. Una de las modificaciones incorporadas más controvertidas radica en la exigencia de autorización de residencia a los extranjeros no comunitarios para poder acceder al derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Los únicos supuestos de prestación sanitaria a los que los extranjeros irregulares tendrán derecho se circunscriben a urgencias, asistencia al embarazo y en menores de dieciocho años. El análisis de esta reforma a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia constitucional plantean serias dudas acerca de su conformidad con el ordenamiento constitucional.
On April 2012, a structural reform of the Spanish National Health Care system was enacted. One of the most controverted amendments is the requirement of legal residence to non-EU migrants in order to have access to free health care, limiting such access for irregular migrants to emergency, maternity and child care. An analysis of such amendment in light of international treaties of human rights protection and of constitutional case-law poses serious doubts about its constitutionality.
