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Salvador Soto Lostal
El gobierno español ha aprobado diversas medidas que reportan una reducción de los derechos sociales como consecuencia de la crisis económica. Esa crisis se inició desde principios de 2008 como consecuencia de la falta de control por parte del gobierno anterior del sistema financiero y bancario. Ambos casos son considerados como ejemplos de responsabilidad por acción y omisión teniendo en cuenta la repercusión en los derechos sociales reconocidos en la Constitución Española, considerando especialmente lo que respecta al sistema público de sanidad, la educación pública, función pública, pensiones públicas, cuotas tributarias en función del principio de progresividad, el acceso a la vivienda y a un amplio espectro de servicios que han sido considerados como prescindibles dados los recortes presupuestarios y las exigencias de austeridad procedentes de la UE, afectando al mismo tiempo a la estabilidad de las familias y los derechos de los ciudadanos en su condición de consumidores de servicios e incluso en sus derechos civiles y políticos. Esa situación pone de manifiesto la polémica cuestión acerca del posible control judicial no solo dirigido a la Administración sino también al gobierno y sus miembros en términos de una justicia real y no puramente formal. En resumen, el pago de la deuda no puede justificar cualquier medida, y mucho menos, la violación de derechos civiles, políticos y sociales.
Spanish government has approved several measures that mean lack of social rights due to the economic and financial crisis. That crisis was born since early 2008 as a consequence of former government negligence in its duties of financial and bank system control. Both cases are targeted as liability examples by action and omission considering the attempt against social rights recognized in Spanish Constitution, especially concerned to public health system, public education, civil service, old age public pensions, a tax fare distribution based on a progressiveness, housing access, and a wide range of services that have been considered as noncritical due to the budget cuts and the austerity exigencies coming from EU, concerning, at the same time, the families stability and the rights of citizens as services consumers and even its civil and political rights. That situation lays out the embarrassing question about the possible judicial control not only focused on the Administration but the Government and its members as well in terms of real and not only formal justice. In sum, debt payment cannot justify any measure, and much less, the civil, political and social rights violation.
