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Ana Peyró Llopis
La Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13.12.2011, sobre la orden europea de protección, responde a la detección de una laguna en el ordenamiento europeo en materia de protección de víctimas de delitos en un entorno caracterizado por la creciente movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea. La negociación de esta Directiva planteó numerosas dificultades. El particular contexto en el que se presentó la iniciativa permite entender los obstáculos a los que se enfrentó. Si bien el debate central fue eminentemente jurídico y se focalizó en torno a la base jurídica de la orden europea de protección, se percibió claramente desde el principio que lo que se estaba librando era una batalla institucional, con el fin de establecer estrategias y precedentes en el marco del entonces flamante Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
