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Juli Minoves-Triquell
Tanto las ONG como los pequeños estados fueron esenciales para el establecimiento y la consolidación de la Corte Penal Internacional (CPI), y sus esfuerzos conjuntos tuvieron mucho más éxito que el que hubieran podido obtener por separado. El caso de Andorra ilustra cómo los intereses de los pequeños estados democráticos miembros del Grupo de Países Afines coincidieron con los de las ONG de la Coalición por la Corte Penal Internacional, y cómo a través de la capacidad soberana de los pequeños estados y la experiencia de las ONG surgieron varios modelos de éxito en el marco de la Conferencia de Roma para redactar y adoptar el Estatuto de la CPI. Las deficiencias en materia de responsabilidad de las ONG que desean representar la sociedad civil internacional pueden ser superadas por una cooperación con los pequeños estados que comparten los mismos objetivos.
