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Pilar Navarro Rodríguez, Francisco Montes Worboys
Desde que se aprobó la Ley de Costas vigente, en 1988, muchas han sidolas presiones y los intentos de rebajar el intenso nivel de protección en ella con-tenido, debido a su carácter excesivamente riguroso para algunas cuestiones. Lo cierto es que, si bien el objetivo último de la norma, lo que podríamos llamar la satisfacción del principio de “sostenibilidad costera” era y sigue siendo de lo más loable, no es menos cierto que, echando la vista atrás, pasadas más de dos décadas desde su aprobación, el hecho constatable es que la satisfacción de tal principio no siempre se ha conseguido, debido en gran parte a la falta de eficacia en la cooperación y colaboración entre las distintas Administraciones competentes e, incluso –a veces– por la inexistencia de coordinación entre departamentos de una misma Administración. Frente a esa realidad, y en un contexto de cambio climático que implica un aumento del nivel del mar y una alteración de la dinámica del litoral, entendemos que la aprobación el pasado 13 de julio del Anteproyecto de Ley Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, de-be ser una oportunidad para ir al fondo de la cuestión e implementar nuevos mecanismos de colaboración entre Administraciones que sean realmente eficaces contra los efectos del cambio climático en nuestras costas y la profundización de los ya existentes. En el presente estudio vamos a abordar un análisis detallado de la situación actual con la Ley de Costas vigente y de los cambios propuestos en la reforma, con una especial atención por su incidencia en Andalucía.
Since passage of the Coastal Act in force in 1988, there have been many pressures and attempts to downgrade the intense level of protection contained in it, due to its excessively harsh nature for some issues. The truth is that while the ultimate goal of the standard, which could be called the principle of “coastal sustainability”, was and remains most laudable, it is also true that, looking back over more than two decades since its adoption, the verifiable fact is that satisfying this principle has not always been achieved, due in large part to the lack of effective cooperation and collaboration between the different competent authorities and even – at times – by lack of coordination between departments of the same administration. Faced with that reality, and in a context of climate change involving an increase in sea levels and altered shoreline dynamics, we understand that the approval on July 13 of the Bill on Protection and Sustainable Use of the Coast and the modification of the Coastal Act must be an opportunity to get to the bottom of the issue and implement new mechanisms of cooperation between administrations that are truly effective against the effects of climate change on our coasts and to strengthen existing ones. In this paper we will address a detailed analysis of the current situation of the Coastal Act in force and the proposed changes in the reform, with special attention to its impact in Andalusia.
