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Mary Luz Ordoñez Santo
A lo largo de su bicentenaria vida como Estado independiente, Colombia no ha encontrado la necesaria estabilidad en su modelo político-administrativo. Durante el siglo XIX y después de una cadena de guerras civiles, inexorablemente se promulgarían sucesivas constituciones alternativamente centralistas y federalistas. Finalmente en la carta de 1886 se adoptaría el centralismo como paradigma del Estado. Si bien el modelo fortaleció la unidad nacional, simultáneamente acentuó las disparidades socioeconómicas entre las regiones. Para atacar el problema, la Constitución de 1991 consagró la descentralización administrativa y la autonomía regional como nuevo paradigma de Estado. Sin embargo, el componente financiero y transmisor del proceso descentralizador fundamentado en el Sistema de Transferencias Territoriales o Sistema General de Participaciones, se convertiría en causa recurrente del creciente déficit fiscal del Estado. En la búsqueda del equilibrio en sus finanzas, diferentes gobiernos reformarían la constitución en 2001 y 2007 modificando la fórmula del cálculo de las transferencias del nivel central a los entes territoriales. La consecuencia inmediata sería una disminución de las participaciones regionales respecto de los ingresos corrientes de la nación que conduciría a un proceso de recentralización del gasto público y al desfinanciamiento de las competencias a cargo de los gobiernos regionales.
Throughout its bicentennial life as an independent state, Colombia has not found the necessary stability in its political-administrative model. During the XIX century and after a chain of civil wars, successive constitutions alternatively centralists and federalists were promulgated. Finally in the 1886 letter of constitution the centralism was adopted as a state paradigm. Although the model was strengthened by the national unity, it simultaneously accentuated the socioeconomic differences between regions. To attack the problem, the 1991 constitution consecrated the administrative decentralization and regional autonomy as a new state paradigm.
However, the financial component and transmitter of the decentralized process based on the Territorial Transfer System or General Participation System would become the cause of the state´s recurrent deficit growth. In search of its financial balance, different governments reformed the constitution in 2001 and 2007 by changing the formula for calculating the transfers from the central level to the territorial entities. The immediate consequence was a reduction in the regional participation with regard to the nation´s current income which led to a public spending recentralization process and the disinvestment of the competencies in charge of the regional government.
