Acceso usuarios
Esther Fernández Molina 
Cuando científicos sociales, políticos o legisladores necesitan hacer referencia al volumen y magnitud de la delincuencia, en un momento y lugar determinado, suelen emplearse los datos oficiales, esto es, los datos que recogen las instancias que ejercen el control social formal. Por lo general, en el debate público los usuarios de estos datos oficiales les otorgan una alta credibilidad a los mismos, si bien la literatura científica ha señalado que están afectados por múltiples sesgos. Aunque muchos de estos han tratado de corregirse, el problema principal es su proceso de producción, que es invisible al escrutinio público; de tal manera que la fabricación de los mismos sigue pareciendo algo oscuro. Por lo general, se sabe poco sobre cómo se recoge esta información, qué significa y cuáles son sus fortalezas y limitaciones. En España la Criminología ha estudiado cómo es el proceso de producción de los datos que ofrece el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial; sin embargo, el proceso de producción de datos de la Fiscalía todavía no ha sido abordado, especialmente, porque el acceso a esa fuente de información ha sido muy complicado El Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Macha ha podido conducir una investigación para ahondar en el conocimiento de la información de la que disponen las Fiscalías de menores y con ello poder valorar su verdadero alcance como fuente oficial del índice de delincuencia juvenil del país y en última instancia conocer algo más del proceso de producción de datos de esta institución. En este trabajo se presentan los resultados de dicho análisis. Aunque el proceso de producción de datos siga siendo un enigma en muchos aspectos, sí ha podido valorarse el resultado del mismo, de tal manera que puede concluirse que la Fiscalía de menores es la fuente de información sobre delincuencia juvenil más completa de las que se dispone, por lo que podría ser un buen indicador sobre el índice de delincuencia juvenil del país. Para ello sería necesario que se corrigieran algunos de los problemas de validez y fiabilidad detectados y que deberían ser tenidos en cuenta por la institución para mejorar la calidad de la información ofrecida.
