El complemento retributivo que perciben los funcionarios hasta su jubilación por haber desempeñado puestos o cargos políticos, en opinión del autor, es una prebenda que debe desaparecer por discriminatoria, injusta y dispendiosa para los fondos públicos. En este sentido, postula que se siga el camino emprendido por alguna Comunidad Autónoma que ha procedido a suprimir el complemento, tanto ad futurum como para los empleados públicos que lo venían percibiendo.