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En este artículo se va a intentar hacer un modesto acercamiento a lo que podría entenderse como un tratamiento distinto y privilegiado que la legislación procesal de nuestro país tiene con respecto a las Administraciones Públicas cuando éstas son parte de un procedimiento judicial, tratamiento privilegiado si se compara con el posicionamiento que se da a las personas físicas y jurídicas privadas. Se hará una aproximación y un análisis de las ventajas más destacadas con las que nuestro ordenamiento procesal ha dotado a las Administraciones Públicas en las distintas jurisdicciones como parte del proceso, así como al cambio que éstas han experimentado con los recientes cambios legislativos.
