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La proyectada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende suplir la ausencia de normas procesales sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y su revocación en el texto legal. Ambas instituciones se regulan, sustantiva y procesalmente, en el vigente Código Penal. Por su parte, la anunciada reforma del Código Penal introduce nuevos requisitos para la concesión del beneficio de la suspensión, así como para que ésta se revoque. En el presente artículo se analizan las novedades previstas para la revocación comparándola con la regulación actual.
