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J. Javier Corominas Rivero
Para ser coherentes con el mandato constitucional y proteger el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos deben actuar en dos frentes: planes de vivienda y actuaciones legislativas que garanticen calidad y transparencia en su adquisición, así como una correcta ordenación del territorio y del suelo.
