La ordenación del territorio y el diseño de las ciudades no pueden quedar al albur de la iniciativa privada. Desde las distintas Administraciones se debe trabajar con políticas orientadas a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad del territorio. La acción pública debe centrarse en coordinar objetivos económicos, sociales y ambientales, que aseguren la realización de derechos esenciales y conserven adecuadamente el territorio para las generaciones venideras.