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La vivienda es un derecho reconocido por la Constitución española, sin embargo no se ejerce de forma satistactoria. Lejos de planificar políticas públicas que conduzcan a satisfacer ese derecho, el Gobierno del Partido Popular ha optado por medidas de liberalización del suelo que han encarecido la vivienda de una forma espectacular, afectando a amplios sectores sociales que se han quedado fuera del mercado. Además, no se han realizado apenas ofertas de vivienda pública ni se han articulado medidas fiscales que favorezcan el alquiler.
