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Manuel Pérez Yruela 
España destina a gastos sociales cuatro veces menos recursos que los países que integran la Unión Europea, como término medio. Esta insuficiencia (en la aportación de recursos al gasto social en España) se ve agravada por la falta de coordinación entre las distintas Administraciones y por unas leyes que, si bien reconocen los principios de prestación pública y universalidad sobre el papel, no constituyen normas articuladas que regulen de hecho la prestación de dichos servicios como derechos universales.
